Una ley revolucionaria en California creará vías innovadoras para la vivienda social

Rae Huang es una organizadora principal de ¡Vivienda Ya! (Housing Now!), una coalición amplia y diversa que lucha contra la crisis de la vivienda en toda California y copatrocina el proyecto de ley 555 del Senado.

Al aprovechar la experiencia y el apoyo de las agencias estatales, la Ley de Vivienda Asequible Estable de 2023 (SB 555) exige a California que examine cómo reunir la producción y adquisición de viviendas públicas, sin fines de lucro y cooperativas para establecer una asequibilidad permanente para las comunidades desfavorecidas del estado. La nueva ley obliga al Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario a completar el estudio antes de 2027.

Las crisis de la vivienda y del clima nos exigen a todos, especialmente a nuestros líderes, que actuemos y abordemos la desigualdad social y racial donde comienza la vida: en el hogar. California debe hacer frente a estas desigualdades mediante el desarrollo de estrategias que ofrezcan oportunidades a las poblaciones vulnerables con problemas climáticos para acceder a una vivienda asequible, saludable, segura y sostenible. Las estrategias de desarrollo orientadas en el transporte público para aumentar la vivienda y reducir las emisiones de carbono fracasarán si los californianos de clase trabajadora, que son los que más dependen del transporte público, no pueden vivir cerca de su trabajo.

La legislación, firmada recientemente por el gobernador Gavin Newsom y cuya autora es la senadora estatal Aisha Wahab, fue desarrollada y liderada por más de 150 organizaciones convocadas por Housing Now!, una coalición estatal que incluye al NRDC.

¿Qué es la vivienda social?

La vivienda social engloba una serie de modelos basados en la idea de que la vivienda debe capacitar a las comunidades, no crear beneficios obscenos para los propietarios corporativos. Funciona proporcionando terrenos de propiedad municipal o arrendando edificios existentes a organizaciones dirigidas por la comunidad para que desarrollen y manejen  las viviendas directamente, exclusivamente en beneficio de los inquilinos y residentes locales que necesitan un hogar estable. 

Gestionadas por agencias públicas, organizaciones sin fines de lucro o los propios inquilinos, las viviendas sociales están diseñadas para que los alquileres sigan siendo asequibles para siempre, sin superar el 30 por ciento de los ingresos, al tiempo que proporcionan a los inquilinos la formación y la autoridad necesarias para manejarr sus propios edificios.

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. (HUD) considera que una vivienda es asequible cuando un hogar gasta el 30 por ciento o menos de sus ingresos en gastos de vivienda. Sin embargo, en California, la Oficina del Analista Legislativo informa de que los californianos contribuyen con una mayor proporción de sus ingresos al alquiler que cualquier otro estado del país; de hecho, hasta el 55 por ciento de los inquilinos de California tienen que hacer frente a los altos  costos, en comparación con el 50 por ciento en los Estados Unidos.

Además, 2,5 millones de californianos de bajos ingresos sufren la carga de la vivienda, lo que significa que destinan más del 30 por ciento de sus ingresos a la vivienda. Si a esta ecuación le añadimos el aumento de la inflación y de los costos de la vivienda, los niveles de pobreza se han incrementado del 11 por ciento al 15 por ciento, lo que eleva aún más las desigualdades existentes. 

La vivienda social también puede proporcionar a los inquilinos una vía para comvertirce en  propietarios de su propia  vivienda al establecer pagos que puedan permitirse durante un periodo de tiempo razonable. Se trata de una opción de adquirir un patrimonio inmobiliario que muchos residentes nunca han tenido debido a la privación de derechos, la discriminación y las cláusulas de exclusión.

¿Cuál es la conexión entre la crisis climática y las comunidades de color?

El calor extremo, los huracanes, las inundaciones, los incendios forestales y otros problemas climáticos afectan y devastan de forma desproporcionada a las comunidades de color que ya se encuentran en desventaja por culpa de generaciones de políticas de vivienda racistas, clasistas, desplazamientos y abusos policiales. En pocas palabras, el cambio climático empeora las desigualdades existentes. 

Un informe reciente sobre la demografía de las solicitudes de desahucio reveló que, a pesar de constituir sólo el 18.6 por ciento de todos los inquilinos, los estadounidenses de raza negra representan el 51.1 por ciento de los afectados por solicitudes de desalojo y el 43.4 por ciento de los que son efectivamente desalojos. Aproximadamente uno de cada cinco estadounidenses de raza negra que vive en un hogar de alquiler es amenazado con el desalojo anualmente, mientras que 1 de cada 10 es desalojado. 

Ademas, un estudio realizado en 2020 por la Oficina del Analista Legislativo del estado descubrió que las comunidades afectadas por una práctica discriminatoria conocida como redlining tenían más probabilidades de “experimentar temperaturas más cálidas y más riesgo de inundaciones que otras zonas. Tambien, estas zonas suelen tener menos parques y árboles y más superficies pavimentadas”. 

El redlining es una táctica histórica de exclusión basada en la raza, perpetuada por el sector inmobiliario—y apoyada por el gobierno— para excluir a las familias negras del mercado inmobiliario mediante acuerdos raciales, que rebajan el valor de los terrenos propiedad de familias negras y las obliga a trasladarse a zonas segregadas, con códigos de color y de menor valor; de ahí el término redlining (véase el mapa anterior). Como resultado, los barrios en los que las familias negras son propietarias de viviendas han estado históricamente infrafinanciados, con menos recursos y desatendidos. 

Para estos barrios y comunidades históricamente con escasos recursos, la crisis climática agrava las desigualdades existentes en la crisis de la vivienda, lo que exige la urgente necesidad de avanzar en soluciones de vivienda social resistentes al clima para las comunidades que están en mayor riesgo. 

La vivienda es un derecho humano

El Concejo de Defensa de Recursos Naturales (por sus siglas en ingles, NRDC) se enorgullece de unirse al dinámico movimiento de sindicatos de inquilinos, organizaciones laborales y defensores de la salud, la vivienda y la justicia ambiental que se unieron para instar a los legisladores estatales y al gobernador a priorizar la vivienda como un derecho humano fundamental a través de la aprobación del SB 555. 

En un momento en el que la asequibilidad de la vivienda en California está en niveles extremadamente bajos, la vivienda social como solución es desesperadamente necesaria—y más urgentemente para las comunidades en riesgo de quedarse sin hogar, que luchan por mantener un techo sobre ellos cada día. 

California vuelve a ser un lider en este tema y aborda las numerosas crisis que se entrecruzan en los momentos más apremiantes. La Ley de Vivienda Asequible y Estable nos llevará a un futuro de sostenibilidad y asequibilidad, y a una sociedad más equitativa. Este es un primer paso hacia el desarrollo de las tan necesarias estrategias que proporcionarán una hoja de ruta hacia el hogar para todos los californianos.