Columna de opinión de Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram, 23 de diciembre 2010. Fuentes: Cambio Climático Chile y Fundación Terram.
El combate al calentamiento global y sus efectos en el clima es, probablemente, el mayor desafío que enfrenta actualmente la humanidad y donde confluyen aspectos políticos, sociales, ambientales y económicos. Pero pese a la urgencia de la tarea, las tratativas entre los gobiernos para adoptar medidas efectivas y obligatorias suelen ser lentas y con objetivos muy poco ambiciosos. Es que poner de acuerdo a un conjunto de países, no es tarea fácil, más aún cuando cada uno tiene sus propios intereses. Por ello, muchas veces en lugar de avanzar las tratativas parecen retroceder y alejarse de la posibilidad de lograr acuerdos vinculantes y significativos. Eso fue precisamente lo que ocurrió en 2009 en Copenhague, en la COP 15, a la que la comunidad internacional, especialmente las organizaciones no gubernamentales y los representantes de países más vulnerables, llegaron con altas expectativas, pues se esperaba a que fuese la culminación de un proceso, tal como había quedado señalado en el plan de acción de Bali. Pero las cosas no salieron bien y tuvimos que conformarnos con una declaración débil y una sensación de abierto desencuentro entre las partes, a tal punto que se puso en cuestión la posibilidad de un nuevo acuerdo mundial sobre el clima.
Pero sin duda, lo más importante de Cancún es la evaluación política, pues tras las dificultades surgidas en Copenhague, poco se esperaba de esta reunión y si bien, los logros no son relevantes en materia de reducción de emisiones, si lo son a la hora de seguir negociando una cuerdo mundial sobre el clima. En Cancún y gracias a las gestiones del gobierno mexicano, se restauraron las confianzas entre los países y se valora la necesidad y urgencia de un acuerdo mundial y compromisos vinculantes para la reducción de emisiones.
En efecto, en términos tangibles acuerdos alcanzados en relación a Kioto, van en el sentido de manifestar la necesidad de un nuevo Kioto lo antes posible que le de continuidad al que culmina el 2010, se decide que en un segundo periodo de compromisos de reducción de emisiones el año base para el cálculo será 1990, y los países anexo I , están disponibles para aumentar la reducción de sus emisiones, las que como grupo deberían ser de entre un 20 y 40% al año 2020. Por otra parte, respecto a la visión compartida se reconoce que se requiere una reducción significativa de gases de efecto invernadero, para limitar el aumento de la temperatura promedio global por debajo de los 2ºC con respecto a los niveles preindustriales., así como también la importancia de reevaluar esta meta para que el aumento global no sea más de 1.5ºC.
También se reafirmó crear un Fondo Climático Verde para combatir el cambio climático, con el cual los países desarrollados se comprometen colectivamente a proveer de USD 30 billones para financiamiento rápido para países en desarrollo durante el 2010-2012, y una meta a movilizar USD 100 billones anuales, públicos y privados, al 2020. En su primera fase, administrado por el Banco Mundial a través de una junta directiva multinacional en la que participarán, tanto países desarrollados como en vías de desarrollo. En cuanto a la implementación del mecanismo REDD para combatir la deforestación y degradación de los bosques en los países en desarrollo, la decisión es fortalecer los esfuerzos de países en desarrollo a reducir emisiones. Para esto deberán desarrollar una estrategia nacional; un nivel de referencia de emisiones o nivel de bosque; un sistema nacional transparente para el monitoreo y reporte de la conservación y esfuerzos de reducción de emisiones. También se acuerda la implementación de mecanismos de rendición de cuentas o inventario de emisiones de gases contaminantes, tanto para países desarrollados como no desarrollados, mediante auditorías internacionales. En todo caso, se trata de acuerdos marco, por lo que en las reuniones programadas para todo el año 2011, incluida la COP 17 a celebrarse en diciembre en Sudáfrica, se deberá avanzar en consensuar los detalles y mecanismos para llevarlos a la práctica, tarea que evidentemente no será fácil.
En todo caso, más allá de los acuerdos a los que se pueda llegar en el ámbito internacional, Chile tiene un deber imperativo en su calidad de país vulnerable frente al fenómeno global. Además de mantener una participación activa en las negociaciones multilaterales, el deber del país es acentuar los esfuerzos tanto colectivos, especialmente de los sectores minería y energía para reducir emisiones a nivel país y así combatir las causas del calentamiento global, así como para mitigar sus efectos inevitables, de manera de revertir las cifras negativas conocidas recientemente, que sitúan a Chile entre los países que más ha aumentado su contribución a la emisión de Gases de Efecto Invernadero.