Del "futuro que queremos" en Río +20 al presente que somos: Latinoamérica debe actuar ahora contra el cambio climático
El texto final de Río +20 dejó mucho que desear, pero ninguna cumbre internacional se debe reducir a un simple documento. Más bien, el resultado más importante de Río+20 son todos los compromisos voluntarios que se registraron. Así mismo, el éxito a largo plazo de la cumbre se reflejará en las acciones que los países individuales tomen a nivel nacional de ahora en adelante para frenar la degradación ambiental y el cambio climático. Latinoamérica y el Caribe es una región donde el cambio climático ya es evidente. Pero la buena noticia es que, si bien la región es altamente vulnerable, existen medidas de mitigación y adaptación que los países de Latinoamérica pueden – y deben– tomar para evitar los peores impactos del cambio climático. Ahora que están de regreso en sus países, los jefes de estado y demás representantes de gobierno que participaron en Río+20 deben actuar con premura para hacer frente a los desafíos climáticos y para reducir el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero de los sectores de energía y de transporte.
Según el informe del BID, El desafió climático y de desarrollo para Latinoamérica y el Caribe: Opciones para un desarrollo bajo en carbón y resistente al clima, presentado en un evento paralelo de Río+20, el cambio climático podría costar a la región por lo menos US$ 100 mil millones para el 2050. En cambio si los gobiernos actúan rápidamente para tomar medidas de adaptación y mitigación, es posible reducir este impacto económico a una fracción del costo: las medidas de adaptación cuestan una decima parte del costo de los impactos de cambio climático. El informe del BID también señala que, si bien en la actualidad la mayoría de las emisiones en la región provienen de la agricultura y el cambio de uso del suelo, las emisiones de los sectores de transporte y de generación de energía podrían aumentar en un 50% para el 2050. Esta nueva tendencia apunta a la necesidad de que los países en América Latina actúen con firmeza para lograr una transición hacia energías más limpias, mejoras en la eficiencia energética y la implementación de sistemas de transporte más sostenibles y bajos en carbono.
Se necesitan políticas adecuadas para fomentar fuentes de energía más limpias y sostenibles. América Latina cuenta con abundantes recursos de energía renovable y gran potencial para la eficiencia energética. Fue alentador ver que en Río+20 varios países latinoamericanos se sumaron al programa en.lighten del PNUMA bajo el cual desarrollarán planes nacionales para gradualmente eliminar la iluminación ineficiente. Ahora los gobiernos también deben comenzar a fomentar fuentes de generación renovable en vez de apoyar energías contaminantes y no sostenibles como el carbón y las grandes represas hidroeléctricas.
Un buen ejemplo es Chile, donde un conjunto de políticas adecuadas podría ayudar a desarrollar sus recursos solares, eólicos e geotérmicos. El gobierno chileno debería dar prioridad a la promulgación de una ley que establezca como meta nacional la generación del 20 por ciento de la electricidad con energías renovables no convencionales para el año 2020. Para impulsar proyectos de energía renovable Chile también debe incentivar la compra de energías renovables por el sector privado y aplicar una ley de medición neta. Por último, Chile debe ayudar a aumentar la eficiencia energética mediante la implementación de mecanismos de gestión de la demanda, el establecimiento de objetivos claros y cuantitativos para la eficiencia y el desacoplamiento de las ventas de energía de los ingresos de las compañías eléctricas. Acciones similares también son necesarias en otros países de la región.
El sector transporte debe ser transformado de manera integral e incluyente. En muchos países de América Latina, el sector transportes se está convirtiendo en una de las mayores fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero. Es más, el número de propietarios de vehículos en la región está aumentado a un ritmo más rápido que en cualquier otro lugar. Es urgente que los gobiernos comiencen a implementar soluciones de transporte limpio como parte de estrategias nacionales de desarrollo bajo en carbono y para reducir su dependencia en el petróleo.
La región debe comenzar una transición hacia el uso de combustibles y vehículos más limpios. Sin embargo también se necesitan transformaciones más amplias como la reducción de kilómetros recorridos por vehículo y mejoras a los sistemas de transporte público. Un enfoque más integral al sector de transporte rendiría soluciones que son socialmente incluyentes y otros beneficios que mejoran la calidad de vida de todos, como ser menos congestión, mejor calidad del aire, y mejor salud pública.
El lema de Río+20 fue El Futuro Que Queremos y para muchos ese futuro no se encuentra en el texto final de la conferencia. Pero el desarrollo ambientalmente sostenible y socialmente inclusivo no es fruto de un texto negociado – es el resultado de acciones positivas y concretas en cada país, comunidad y empresa. En Río+20 ya comenzamos a ver esto en diferentes países del mundo. Es importante que los gobiernos Latinoamericanos no olviden que “el futuro que queremos” se lo define mediante las acciones y políticas que se implementan en el presente – particularmente en sectores claves como la energía y el transporte.